La controvertida ley de medios

Desde su promulgación en 2015, la constitucionalidad de la ley de servicios de Comunicación Audiovisual ha sido cuestionada tanto por la Suprema Corte de Justicia como por las empresas de medios. La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) ya ha aplicado seis multas a tres de los principales canales televisivos del país.

Desde sus comienzos la ley de medios ha sido muy controvertida. Foto: El Observador

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mejor conocida como ley de medios, fue aprobada en 2014 por el Frente Amplio y promulgada por el Poder Ejecutivo en 2015. Desde entonces, numerosos organismos y particulares presentaron recursos ante la Suprema Corte de Justicia debido a la inconstitucionalidad de ciertos artículos pertenecientes a la ley.

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), organismo dependiente de Presidencia y encargado de regular y fiscalizar los medios de comunicación, aplicó cuatro multas al Canal 10 y una al 4 y al 12 por exceso de duración en tandas publicitarias. Según publicó El Observador, las multas fueron de alrededor de $59 mil para el caso del canal 4 y 12, pero el canal 10 recibió dos multas de $197.800 y $276.000 respectivamente.

El presidente de la Ursec Gabriel Lombide afirmó que “los excesos de las tandas publicitarias en los canales de televisión abierta son una queja permanente de los usuarios y llegan frecuentemente por la prensa o directamente a nosotros”. Según Lombide, la cantidad de denuncias “motivó a determinar un costo a las diferentes multas” aunque reconoció que no fue una tarea sencilla. Explicó que las penas por transgresiones se gradúan de acuerdo a la cantidad de minutos y a los antecedentes del infractor. En cuanto al funcionamiento de la unidad, el presidente informó que se está avanzando en lo que respecta el control del cumplimiento de los artículos que aseguran un balance de emisión de señal de entre los distintos canales televisivos libres y por cable, conocidos como must carry.

Nicolás Cendoya, director del mismo organismo, declaró a Fuente y Palabra que “sería una paradoja que la ley no estuviera implementada y que se hubieran aplicado las sanciones porque serían acciones ilegales”. El jerarca sostuvo además que, de acuerdo a la Constitución, la ley “puede y debe ser implementada aun con la falta de reglamentación correspondiente”.

El director afirmó haber estado en desacuerdo con todos los fallos de la Suprema Corte. “La discrepancia mayor que yo tengo con la Corte es en la inconstitucionalidad con el artículo 56 de la ley”, aclaró. El inciso 1 del artículo 56 de la ley prohíbe a los canales a prestar servicios de telefonía o internet. El fallo de la Corte con respecto a este inciso sorprendió al director: “la Corte declaró constitucional la actividad de DirecTV y empresas vinculadas al Canal 10, y sin embargo declaró la inconstitucionalidad para los canales 4 y 12”. Centoya explicó que a su criterio, el primer caso no fue fundamentado por la Corte y el segundo fue explicado con un “argumento al que faltó robustez para justificar un cambio de jurisprudencia”.

Por su parte, el abogado Diego Gamarra señaló que “el diseño institucional establecido se basa en la atribución de la última palabra al Poder Ejecutivo —que la historia demuestra que tiene una tendencia a cometer excesos en su beneficio— en vez de conferírsela a un órgano independiente, plural y de perfil técnico”. El profesor en derecho constitucional de la Universidad Católica de Uruguay sostuvo que una regulación sobre los medios es importante, aunque dentro de “ciertos parámetros”.

Ese órgano independiente sería el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), encargado de velar por una buena aplicación de la ley. Gamarra argumentó que el Consejo no tiene la competencia última sino que es el gobierno el que la tiene a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) que depende del Ministerio de Industria Energía y Minería, así como sobre la asignación de frecuencias de radio y televisión y la renovación de los servicios. “En un sistema de infracciones vagas y sanciones severas, es tremendamente peligroso para la libertad de expresión, principalmente si hablamos de libertad para criticar al gobierno, acción esencial para el funcionamiento de una democracia sana”, remató el doctor en derecho.

Jaime Sapolinski, abogado, profesor de la Universidad de la República y especialista en Derecho Constitucional, también expuso sus reparos ante la polémica ley de medios. Señaló, por ejemplo, que la ley es “inconstitucional en muchos de sus aspectos” y que tendrían que “haber declarado inconstitucionales aun más artículos de los que fueron declarados” por la Suprema Corte.

El especialista recordó las declaraciones del senador José Mujica cuando éste era presidente: “‘la mejor ley de medios es la que no existe’, dijo, y después cambió de opinión y promovió este código, esta cosa larguísima llena de palabras que aprobó el Parlamento”. Sapolinski retomó el artículo 29 de la Constitución, en el cual se plantean las bases de la libertad de expresión: “Dice ‘enteramente libre’, entonces si yo le digo a alguien ‘usted esto no lo puede poner’ o ‘usted tiene que poner un 20% de su programación en decir tales cosas’, entonces ya no es tan ‘enteramente libre’ pese a lo que la Constitución dice”.

  
Sapolinski acusó a la ley de adoptar una mirada antigua y no acorde a la realidad dado que en la misma se busca controlar a los contenidos de los canales televisivos, medios que en la actualidad no son tan consumidos ni tan poderosos como los digitales. El abogado manifestó que “hay gente que parece no haberse dado cuenta que en el 2017 la tecnología puede hacer cosas que no se podían hacer en 1980, es una mirada arcaica”. Además, criticó que en la ley se promoviera el monopolio de Antel, que “ya tiene la fibra óptica y un montón de cosas más”.

El artículo 60 de la ley fue uno de los que ha despertado más polémica ya que, en su búsqueda por promover el contenido local, eleva en la programación la producción nacional hasta un 60%. Expresándose a título personal, el periodista y presentador del Canal 12 Diego Barnabé dijo que a pesar de estar de acuerdo con la ley en términos generales, hay algunos de sus aspectos que complican muchísimo su labor en el informativo. “Es razonable pedirle a los canales mayor producción nacional y de mejor calidad, pero la verdad es que es difícil de bancarlo económicamente. La intención es buena, pero tenés que conseguir avisadores y capaz para uno o dos programas sirve, pero para toda la programación es más complicado. ¿Cómo pagás todo eso?” planteó el conductor.

También sostuvo que la ley regula algunos aspectos que refieren a las imágenes transmitidas en horario de protección al menor. “Hay una autorregulación en las imágenes que elegimos y después hay límites que no están del todo claros. Si vos querés informar sobre determinado episodio que tiene que ver con acciones violentas y no podés pasar ninguna imagen ¿como hacés? Hay imágenes que dejamos de incluir y en otros casos tenemos que ver donde está el límite”.

Al respecto, Sapolinski fue contundente: “si [las multas] se aplican mal van a terminar ahorcando a alguien que se va a tener que salir del negocio. No sé qué quedará: los canales oficiales o algún gran canal que tratará de no pelearse demasiado con el gobierno”.

Un consejo poco definido

El CCA aún está lejos de funcionar ya que su creación solo puede llevarse a cabo una vez que se afirme el nuevo consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, aspecto que se está definiendo en estos días en el Parlamento y que aún va a demorar alrededor de un mes y medio, según el periodista de Búsqueda y presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAInfo), Daniel Lema. La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), integrada por la Asociación de la Prensa Uruguaya, la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República (FIC) y Cotidiano Mujer, entre otras organizaciones, tomó la resolución de proponer al Parlamento cuatro integrantes para la CCA. Algunos de los nombres que se manejaron fueron: el ya mencionado Lema; Paula Baleato, de la agencia de comunicación para la infancia y la adolescencia Voz y Vos; Lilián Celiberti, de la organización feminista Cotidiano Mujer; y Gabriel Kaplún, docente e investigador de la FIC. El quinto integrante debe ser definido por el Poder Ejecutivo y según Lema “no estamos ni cerca de eso”.

El periodista pidió además “más tiempo para pensar en la decisión” ya que es “difícil porque implicaría dejar mi trabajo como periodista, algo que hago desde que tengo 19 años”. Lo que rescata del posible puesto de trabajo es generar un balance de los medios contra el derecho a la libertad de expresión de los mismos. En cuanto a las discusiones sobre la ley, Lema afirmó que “ninguna ley es perfecta, pero yo honestamente no veía algunas cosas que se decían sobre el gran peligro de esta ley para los periodistas”. Agregó que “hubo otras voces que sí vieron sus libertades afectadas. Pues bien, vayamos a la Corte para que estudie el tema y se defina. En muchos aspectos nos dio la razón: la libertad no se afecta”.

De los cuatro posibles integrantes del CCA, Celiberti declaró a Fuente y Palabra que no está interesada en el cargo por la edad en la que se encuentra y porque prefiere seguir trabajando en el campo social desde la problemática feminista, pero afirmó estar muy contenta con la regulación que impone la ley sobre el contenido de producción nacional ya que “puede ser un gran estímulo para la capacidad creativa y de desarrollo de nuestro país”.

Consultada sobre los artículos, la representante feminista afirmó “no tener muy claro algunos de ellos”, como el 143, que establece espacios de propaganda gratis y regulados por la cantidad de votos obtenidos en las elecciones anteriores. El Partido Independiente presentó recursos porque consideró que el mismo era injusto para los partidos pequeños, y la Suprema Corte de Justicia declaró dicho artículo como inconstitucional. Sobre este artículo en especial, la representante de Cotidiano Mujer argumentó que no es injusto  y que existe “una lógica” en que los partidos más grandes tengan “más espacio, porque por algo son más grandes”. Además, reflexionó: “tal vez una cosa más igualitaria no sea tan igualitaria, porque no es lo mismo en términos sociales que en términos electorales”.

Por su parte, Kaplún, que además es integrante de la Coalición para una Comunicación Democrática, señaló que con esta ley algunos aprovechan a “jugar a la política”, refiriéndose a los especialistas que explican la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley, quienes se basan en parte en los fallos de la Suprema Corte de Justicia. El docente en principio integraría la CCA, lo que le implicaría abandonar su cargo de docencia en la Udelar.

Con respecto al anteriormente mencionado artículo 143, Kaplún reconoció que “es muy raro, porque la Corte dice que está bien que sea gratuita, pero que la cuota no está bien ”. Desde su punto de vista, hay “un problema de números, no de concepto”. Lema también estuvo de acuerdo con el fallo de la SCJ y afirmó que “serán los partidos quienes tendrán que resolver esto”.

Por último, el docente de la FIC se quejó sobre la implementación de la ley al afirmar que las frecuencias de radio y televisión serían asignadas por el Poder Ejecutivo a través de la Dinatel y no a través del CCA. “Es una competencia que queda en manos del Ejecutivo cuando en realidad debería ser del Consejo”, remató.

Pero Kaplún no fue el único que dio el “sí” para poder integrar el tan esperado CCA: Paula Baleato también formará parte del organismo en cuanto sea creado. “Yo fui propuesta por la coalición por una comunicación democrática y en principio aceptaría la posibilidad de poder hacer un aporte en un espacio que es nuevo, que se crea y que tendría todo para hacer”. Baleato señaló que la ley “es buena, fue reconocida y recoge los estándares internacionales que hay en la materia” y que además plantea una democratización del sistema de medios de comunicación audiovisual.

Baleato explicó que “genera una institucionalidad mucho más garantista que la actual. Puntualizó además que costó mucho llegar a la implementación de la ley, aunque reconoció que “deberíamos estar mucho más avanzados con la ley de lo que estamos”.