“Esto es claramente un abuso”

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, presentó un proyecto que prohíbe a los entes públicos a habilitar tarjetas corporativas para directores y gerentes de los organismos. Esta propuesta se dio en el marco de una publicación del semanario Búsqueda de los gastos del vicepresidente Raúl Sendic con la tarjeta corporativa de Ancap.

Pablo Mieres señaló que los gastos de Sendic con tarjetas corporativas fueron personales y contrarios al uso corporativo. Foto: Tomás Gaeta.

El pasado 8 de junio el semanario Búsqueda develó que el vicepresidente Raúl Sendic utilizó las tarjetas corporativas que le otorgó la petrolera estatal para pagar compras en tiendas de ropa, joyería, electrónica, supermercados, librerías y mueblerías de Uruguay y otros países del mundo mientras ocupó cargos en el Directorio de Ancap. Esta revelación desató la polémica a nivel político y generó repercusiones de distinta índole; varios integrantes de la lista 711 de Sendic decidieron apartarse de la misma, como el senador Otheguy, para formar otro grupo, y el dirigente fue criticado dentro de las filas de su propio partido. Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio, y el senador por el Partido Independiente, Pablo Mieres, manifestaron su voluntad de crear un proyecto de eliminación de las tarjetas corporativas para entes públicos. Por su parte, Sendic declaró que la tarjeta era solamente utilizada en “situaciones extremas”.

Mieres calificó la revelación como un “escándalo” contrario a la ética, y que el argumento de que fueron gastos de emergencia excepcionales o regalos empresariales “no tiene sustento”. “Espero que algunos de ellos hayan sido realmente justificables desde el punto de vista de la gestión, pero hay otros que no, me parece bastante evidente”, sostuvo el senador. Además afirmó que el hecho encuadraría dentro de la figura de corrupción porque es el uso de beneficios públicos para gastos personales.

A raíz de esto, Mieres propuso el proyecto para “mandar una señal fuerte” y prohibir las tarjetas corporativas para directores y gerentes de organismos estatales. “Hay personas que han dicho que lo mejor no es prohibirlas sino regularlas. Puede ser, cualquier alternativa es buena: lo importante es el resultado”, expresó.

Desde el Frente Amplio, Moreira apuntó que no ve necesario, salvo en casos excepcionales, el uso de una tarjeta corporativa, dado que se pueden usar otros instrumentos distintos, mientras que la senadora frenteamplista Mónica Xavier expresó que las tarjetas pueden seguir funcionando pero con un mayor control.

Mieres opinó que la gestión de Ancap tuvo muchas irregularidades, ya que una empresa monopólica “debería tener ganancia” especialmente en tiempos de crecimiento económico, con el crudo y el dólar bajos. Asimismo, calificó a la administración como “pésima, con errores, negligencia e ineptitud” y con conductas de apariencia delictiva. Estas posibles irregularidades fueron presentadas a la Justicia en abril del año pasado por los partidos tradicionales y el Partido Independiente, y cada nuevo descubrimiento es denunciado; en total, hay 9 denuncias. “Parece un cuento de nunca acabar; a mí hasta un poco me da no sé qué estar anunciando que otra vez presentamos una nueva denuncia”, expresó Mieres.

La revelación del uso de las tarjetas corporativas por parte del vicepresidente adquirió resonancia especialmente tomando en cuenta que el día anterior, el Senado votó derogar delito de abuso de funciones. Según Mieres, el Frente Amplio “pagó un costo muy alto en el Senado por votar en soledad”, ya que no tuvo apoyo de ningún otro partido político, y objetó a la derogación con el argumento de que se pueden dar situaciones que constituyen conductas inapropiadas que dejan de ser ilícitas porque ya no hay delito. “En general las normas penales tienen una característica: cuando la norma es más benévola, y se eliminan sanciones o delitos, tiene efecto retroactivo: también beneficia a aquellos que están enjuiciados en el momento”, explicó.

Con respecto a la investigación sobre la participación de actuales dirigentes del Frente Amplio en las “tupabandas”, asociaciones delictivas acusadas de consumar robos y asaltos para financiar al Movimiento de Participación Popular (MPP) en democracia, plasmada en varios libros y testimonios de tupamaros, el senador manifestó que se firmó una denuncia para que el Senado investigue esta acusación. Aunque no tiene pruebas de lo que se ha dicho, cree que los libros en los que se ha publicado la información coinciden en explicitar la situación y brindan testimonios de delitos de robos a bancos y distintas instituciones perpetrados por bandas que tendrían conexión con el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y el MPP. Mieres plantea que José Mujica, expresidente y actual senador, está implicado como uno de los responsables de estas actividades; “nosotros estamos sentados en el mismo ámbito con una persona que está acusada de haber promovido robos para financiar su campaña electoral, es una cosa muy gorda y necesitamos investigar para determinarlo”.

En cuanto al Partido Independiente y su proyección de cara a las elecciones de 2019, Mieres afirmó que el partido está “consolidado, en un proceso de crecimiento y reafirmación” y que el objetivo es generar una idea más amplia. Desde el partido creen que el Uruguay necesita una opción política que incluya a votantes frenteamplistas defraudados y gente de los partidos tradicionales que esté en sintonía con las propuestas del Partido Independiente para el país.

Mieres ve a Uruguay como un país que del 2004 al 2014 creció exponencialmente y que hoy “tiene una capacidad productiva mucho más elevada, una reducción de la pobreza y de la inequidad significativa, pero que al mismo tiempo sigue teniendo graves problemas”. Una de las problemáticas que planteó el senador fue en la  gestión de la educación, la cual definió como un “desastre”, porque “se gasta tres veces más que antes y los resultados son peores”, especialmente con respecto a los países de la región, que nos superan en resultados.

Por otro lado, el senador puntualizó como pendiente una reforma del Estado, el cual para él sigue siendo “ineficiente, con mucho gasto y un déficit fiscal muy elevado”; una apertura comercial con mayor cantidad de acuerdos de libre comercio, y un crecimiento de la infraestructura de servicios. Además planteó que a nivel social la mayor fractura está en la inseguridad, la cual desde su punto de vista es reflejo de una crisis de integración social, de fragmentación en la sociedad uruguaya “como nunca antes en la historia”, lo cual deriva en un nivel alto de delito organizado. “Esas cosas antes en Uruguay no pasaban”, remató Mieres.