“Ni el Estado sabe cuántos edificios públicos abandonados hay”

El costo de la Contribución Inmobiliaria a las viviendas privadas sin habitar se duplicó a partir del 1ero de enero de 2017. Mientras tanto, la Administración Central no lleva registro alguno del número de edificios públicos abandonados.

Los edificios públicos sin uso se acumulan y parece no haber solución. Foto: Josefina Mösle.

“Ni el Estado sabe cuántos edificios públicos abandonados hay. No existe censo alguno que de cuenta de esto” dijo a Fuente y Palabra el urbanista Juan Pedro Urruzola, director de Planificación de la IM durante el mandato de Ana Olivera. Esta declaración es alarmante si se tiene en cuenta que en 2016, el Director Nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, declaró que en Uruguay hay un déficit habitacional de 40 mil viviendas, las cuales, debido al crecimiento en el número de hogares, deberían ser producidas para cubrir las necesidades del mercado. Aunque el último censo de población y hogares de 2011 del Instituto Nacional de Estadística arroja cifras acerca del número de viviendas privadas que se encuentran desocupadas, no hay datos acerca de los edificios públicos en la misma condición.

En conversación con Fuente y Palabra, el funcionario de Tierras y Vivienda de la IM, Alvar Álvarez, incluso llegó a afirmar que los edificios del Estado son edificios privados, y por lo tanto la información sobre los mismos “no es de dominio público, sino que es confidencial”. En otras dependencias de la IM como Planificación Territorial y Espacios Públicos, Hábitat y Edificaciones, se desconoce la cifra de edificaciones públicas en desuso.

Andrés Passadore, funcionario de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo, declaró que, aunque no tiene información con respecto al número de inmuebles públicos desocupados, algunas propiedades dentro de la cartera de tierra de la IM están siendo derivadas a un plan piloto de recuperación de viviendas abandonadas llamado “Fincas abandonadas”, el cual está a cargo de un equipo coordinado por la Dirección de Acondicionamiento Urbano para transformarlas en “viviendas de interés social”. Este plan piloto funciona en principio para viviendas privadas, pero las propiedades públicas serían agregadas al plan. El funcionario subrayó, sin embargo, que esta inclusión al plan se dará sólo en uno o dos casos puntuales de inmuebles de la Intendencia, y no en la mayoría. “Del resto, no tengo información”, declaró Passadore.  

Desde el 1ero de enero de 2017 se comenzó a aplicar el impuesto de Contribución Inmobiliaria, el cual grava a las propiedades privadas que se encuentren deshabitadas permanentemente por al menos un año. El censo poblacional de 2011 señala que existen 250.000 viviendas privadas desocupadas, de las cuales 46.000 se ubican en la capital del país.

Por otro lado, una investigación del periodista Tomer Urwicz para el diario El País reveló que la Administración Central dispone de al menos 2.500 inmuebles, de los cuales 163 están en estado de abandono. Sin embargo, el Estado no sólo no se hace cargo del mantenimiento de las propiedades en desuso, sino que tampoco tiene datos concretos sobre la cantidad de inmuebles de este tipo que se encuentran en su posesión. Mientras tanto, los propietarios, en la misma situación, tienen la obligación de aportar a Contribución Inmobiliaria.

Nota por:

Josefina Mösle

Tomás Gaeta

Voz en off:

Santiago Medina